lunes, 8 de enero de 2007

¿Cuánto costará organizar las elecciones 2007 en Sinaloa?

La ley establece ahora, después de la reforma, el inicio formal del proceso electoral con la publicación de la convocatoria a elecciones que debe hacer el Congreso del Estado el primer día del mes de abril. Sin embargo, la discusión del presupuesto con el que se organizarán los comicios marca el arranque de los preparativos. Este paso ya está dado. Las reducciones que el Congreso aplicó a las expectativas presupuestales planteadas por el Consejo Estatal Electoral (CEE) y al Tribunal Estatal Electoral (TEE) son los primeros indicadores de la intención de buscar, al menos, una imagen de austeridad en su realización.

En ambos casos, el único factor de incremento que aceptaron los legisladores fue el inflacionario. El Tribunal tendrá un presupuesto de 13.7 millones de pesos, con alrededor de 3 millones de pesos menos, en relación con el proyecto que presentó al Congreso. El CEE, una vez instalado con sus nuevos integrantes, deberá discutir de inmediato los ajustes a los programas elaborados por la comisión que funge entre procesos. Las proyecciones del CEE eran por el orden de 131 millones de pesos y fueron limitadas a 116.5 millones de pesos. Ello significa que deberán analizarse cada uno de los rubros del gasto programado, para aplicar las reducciones, evitando sacrificar la calidad organizativa del proceso. En esta ocasión, el CEE puede aprovechar a su favor la experiencia de 2004, cuando el recorte fue mayor y los resultados finales, pese a la reducción, fueron satisfactorios.

Por lo demás, las prioridades están planteadas de antemano y, en todo caso, serán reordenadas de acuerdo con la perspectiva de los nuevos consejeros. Las disposiciones legales y los enfoques organizacionales, hasta ahora, han estado orientados a realizar mayores esfuerzos en la capacitación electoral y en la promoción de la participación ciudadana. Hay una nueva tarea asignada, cuyo costo debe dimensionarse: la organización de debates entre los candidatos para todas las elecciones. Será necesario realizar una ardua labor entre los medios de comunicación para que el gasto no se dispare. Otro aspecto relevante y relativamente oneroso es la actualización del programa de resultados preliminares, para garantizar la más alta fidelidad y certeza en la transmisión de los datos, amen de los mayores estándares de seguridad que impidan cualquier intento de alteración o manipulación de la información.

No se puede descuidar tampoco lo referente a la adquisición de materiales electorales. La compra de urnas, mamparas, perforadoras de tarjetas y demás enseres necesarios suelen representar problemas de diversos órdenes a las autoridades electorales administrativas. Las disputas, entre las empresas privadas productoras y distribuidoras de estos insumos por el control del mercado, han creado problemas a varias instituciones electorales. Un tipo de esos problemas tiene que ver con la imposición de precios desorbitados por la vía de la distribución geográfica del mercado promovido por acuerdos evidentes entre las empresas. Por otro lado, hay algunas de ellas operan con voracidad corruptora haciendo ofrecimientos ilícitos o, cuando no obtienen contratos por licitación, con denuncias infundadas, pero escandalosas, presionando a las autoridades mediante amenazas relativas a presuntos malos manejos de las compañías ganadoras.
Sin embargo, el peso mayor del gasto electoral, en el aspecto organizativo, está representado por el rubro correspondiente a salarios del personal. Poco más de la mitad de los egresos se dedican a cubrir los emolumentos de los cientos de capacitadores, decenas de supervisores, coordinadores, auxiliares, capturistas y demás empleados de oficina contratados para sacar adelante la elección.
En ese renglón se localiza la asignación de las dietas de presidentes, consejeros y secretarios de los organismos estatal, distritales y municipales. Por cierto, este aspecto suele ser uno de los más debatidos, aunque en términos globales su monto no impacta significativamente en el presupuesto, socialmente es muy sensible. La reforma electoral redujo un par de consejeros en cada uno de los 29 consejos que funcionan en proceso y desapareció las figuras emanadas de la Dirección del Registro Estatal de Electores (un directos, un secretario general y los respectivos delegados en distritos y municipios). La determinación de los montos salariales para cada cargo, el número de plazas a contratar y el costo de las prestaciones laborales a que tengan derecho, también pudieran ser sujetos de revisión para alcanzar los ajustes requeridos por el recorte presupuestal.

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