viernes, 5 de enero de 2007

El financiamiento estatal a los partidos políticos.

En 1992 se introdujo en Sinaloa el financiamiento público estatal como prerrogativa para los partidos políticos. Antes de ese año, del presupuesto del estado sólo se les proporcionaban “un número mínimo de carteles” del mismo tamaño, impresión y calidad de papel, para promover a sus candidatos a diputados y regidores, nada más; se les otorgaba gratuitamente el acceso a locales para sus asambleas y mítines; así mismo, por ley estaban exentos de impuestos sus contratos de arrendamiento, compraventa, donaciones, así como en las certificaciones y expedición de copias; también, la Comisión Estatal Electoral les debía entregar materiales para tareas editoriales y apoyo técnico para la preparación y realización de las ediciones que autorizara dicho órgano.

El financiamiento público fue fundamental para conseguir mejores condiciones de equidad en las contiendas electorales en el país y en la entidad. El incremento de la competitividad democrática en México y en Sinaloa ha sido promovido, entre otros factores, por la posibilidad de que los partidos cuenten con recursos económicos de origen público para sus tareas ordinarias permanentes y para la realización de las campañas proselitistas.

El régimen financiero de los partidos en Sinaloa ha seguido, en lo general, las disposiciones federales en la materia. Por ello tenemos un esquema mixto, pues la ley les permite complementar sus economías con aportaciones privadas, aunque el monto de las donaciones de particulares no debe significar más del 50% del total de recursos públicos que reciben (40% es el límite para las recaudaciones por autofinanciamiento, de cuotas de militantes y actividades promocionales, y 10% de aportaciones de simpatizantes).

Alrededor del financiamiento público estatal se tejen algunas de las polémicas electorales más relevantes. Por principio de cuentas, la existencia misma de este tipo de subsidios es cuestionada recurrentemente y, en el caso sinaloense, las críticas respectivas son alimentadas por la característica más visible de la fórmula legal, mediante la que se determina el monto total presupuestado a favor de las actividades ordinarias y de campaña de los partidos políticos.

El procedimiento aplicado en Sinaloa para determinar la cantidad de la subvención para los partidos políticos se ha mantenido desde 1992. Consiste en multiplicar un número determinado de salarios mínimos vigentes en la entidad por el número de ciudadanos empadronados a la fecha de inicio de cada proceso electoral.

Inicialmente la Ley disponía un salario mínimo para la multiplicación aludida; pero, tras la reforma de 1998 y hasta 2004, la base de la operación fueron cuatro los salarios mínimos. Lo cual llevó a nuestra entidad a ocupar el primer lugar entre todas las entidades del país, en cuanto al monto del financiamiento a partidos. Ahora, la reforma de 2006 redujo el número de salarios mínimos a tres.

La cantidad resultante de la multiplicación se considera como global básica para el financiamiento durante tres años. La mitad del total se entrega durante el año electoral; un 20% de ese global sirve para determinar lo que recibirán el siguiente año; y, el 30% restante constituye la aportación pública para los partidos en el año previo a las siguientes elecciones, cuando se volverá a definir el total a distribuir en tres años.

Sin embargo no son esos los únicos recursos en efectivo destinados a los partidos. Adicionalmente, durante el año electoral, reciben una cantidad extra para utilizarla en medios de comunicación (el monto a distribuir con este fin se obtiene de multiplicar medio salario mínimo vigente en la entidad por el número de empadronados). Así mismo, existe un financiamiento municipal que corresponde presupuestar a cada ayuntamiento, a razón de cien salarios mínimos por regidor para los partidos representados en el cabildo.

Para el 2007, en el Presupuesto del Estado se asignaron poco más de $166 millones al financiamiento de los partidos políticos. Esto representa un 0.85% del total del gasto anual gubernamental en Sinaloa. A esa cantidad hay que agregarle los poco más de $780 mil pesos del subsidio municipal que los partidos reciben por regidor.