martes, 9 de enero de 2007

El financiamiento privado de los partidos en Sinaloa

La ley establece que, en Sinaloa, los partidos políticos pueden allegarse recursos privados hasta por cantidades similares al 50% del monto que recibe cada uno como financiamiento público. Sin embargo, en la entidad, de los siete partidos políticos que participaron en la elecciones de 2004, sólo cinco informaron haber recibido ingresos por aportaciones de militantes y simpatizantes, por labores de autofinanciamiento o por alguna otra actividad lícita con particulares. Los otros dos, de acuerdo con sus propios informes, sobrevivieron únicamente con lo que disponen legalmente del presupuesto estatal.

Los ingresos privados reportados por esos cinco partidos apenas si representan un 10.5% del total de lo que recibieron todos los partidos en Sinaloa, para sus actividades ordinarias y de campaña, durante aquel año.

La recepción de efectivo o donativos en especie de fuentes particulares es, aquí, casi simbólica. Más todavía, si se toma en cuenta que, el 76%, del poco dinero recabado de ese origen, tiene carácter endógeno, es decir, proviene de cuotas de militantes de los propios partidos. Para las últimas elecciones sinaloenses fue mínima la recaudación de las fuentes privadas externas que la ley permite a los organismos políticos.

En Sinaloa, pues, no se cumple uno de los propósitos fundamentales que, en teoría, debe propiciar el financiamiento privado. De la lectura de los datos se puede llegar a una primera conclusión: no se ha generalizado, en el estado, la preocupación partidista por afianzar lealtades ciudadanas a través de la generación de compromisos de participación en la vida interna institucional mediante aportaciones voluntarias en efectivo o en especie. En efecto, desde la perspectiva de la hacienda de los partidos sinaloenses, no se aprecia la conexión deseable de los partidos con la sociedad para obtener medios económicos adicionales que contribuyan a enriquecer sus actividades ordinarias y consolidar sus posibilidades de actuación autónoma respecto del poder gubernamental. Adicionalmente, esa carencia, impide plantear, siquiera a mediano plazo, la posibilidad de reducir significativamente el subsidio público.

Uno de los riesgos, que los teóricos deploran, de los casos donde el erario se convierte en la vía exclusiva de financiamiento partidista es, precisamente, que la subvención pública tiende a alejar a los partidos de los ciudadanos, incluso de sus propias bases, pues dejan de esforzarse por conseguir los apoyos económicos de sus militantes y simpatizantes; desentendiéndose de hacerlo también, respecto del resto de las organizaciones sociales autorizadas legalmente para aportar.

Los partidos no se acercan directamente a la ciudadanía a solicitarle su colaboración para la manutención de sus estructuras, de sus actividades ordinarias ni para solventar gastos de campaña. Se ha creado un círculo vicioso en este aspecto de la vida política, porque, si bien, la opinión pública suele criticar que los partidos reciban dinero de los impuestos; entre la población hay muy poca disposición para contribuir con ellos y sus candidatos. En todo caso, muchos ciudadanos comunes suelen ver a los partidos como promotores entusiastas de dádivas y por otros, menos comunes, los usan como fuente de empleo.

La legislación local, como la federal, prevé la posibilidad de financiamiento mixto (público y privado) ofreciendo a los partidos la oportunidad de aprovechar lo mejor de ambas fuentes.

Cuando no hay apoyos económicos de origen público, sólo uno o dos partidos, a lo sumo, acaparan las donaciones privadas y con esos recursos se posicionan mejor para perpetuarse en el poder. El financiamiento público es fundamental porque aporta el factor de equidad necesario para propiciar mayores índices de competitividad entre partidos por los cargos públicos sometidos al voto popular. Pero, no se puede permitir que se convierta en una carga para el erario y se debe evitar, a toda costa, la tentación de transformar este tipo de subsidio en elemento de control gubernamental sobre los partidos.

Pero, el mantenimiento del financiamiento privado, como alternativa para complementar los ingresos económicos, posibilita a los partidos conservar su esencia como organizaciones de ciudadanos, en donde cada militante y simpatizante no sólo se sienta comprometido ideológicamente, sino también responsable económico de su supervivencia, de su crecimiento numérico y del fortalecimiento de su influencia entre los electores. Los retos en este ámbito son disminuir el riesgo de incursiones de capitales de procedencia ilegal y tomar distancia frente a las redes que pueden tejer personas o grupos económicamente poderosos pretendiendo atrapar a dirigentes y candidatos y, una vez instalados en los cargos públicos los candidatos apoyados, si ganan, reclamarles cuotas de poder o beneficios indebidos, presuntamente correlativos al monto de sus aportaciones.